Y este ¿qué dirá ahora?
Izquierda Unida considera que el presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, debería presentar su dimisión por la nefasta gestión de la entidad, que según se ha conocido recientemente tiene un agujero cifrado entre 1.000 y 3.000 millones de euros, según la caja andaluza Unicaja.
El coordinador regional de IU, Daniel Martínez, considera también que el Gobierno de Castilla-La Mancha debe mantenerse al margen de las negociaciones de la posible "absorción" de CCM por Unicaja para que sea el Banco de España el que vele por el proceso. Según IU para sanear CCM será necesario echar mano de dinero público porque si se acude solo al Fondo de Garantía de Depósitos -dotado con seis mil millones de euros- se dejaría sin provisión a otras cajas que también tuvieran que vivir procesos de saneamiento.
CCM ha sido la primera caja en caer a la categoría de "bonos basura", pues casi el 50% de su cartera de créditos (8.500 de 20.000 millones), están relacionados con el ladrillo, estando la morosidad de la Caja en el 4,5% cuando en 2007 era inferior al 1%.
La posible absorción de CCM por Unicaja tiene su origen después de que el pasado mes de septiembre el Banco de España aumentara el nivel de control sobre las cajas y obligara a estas entidades a dejar de financiar proyectos de desarrollo urbanístico pendientes de aprobación, que en el caso de CCM se han cifrado en casi un centenar.
Para Daniel Martínez la situación a la que se ha llegado en CCM tiene mucho que ver con la política de vivienda y suelo promovida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha primado un modelo urbanístico insostenible y de burbuja inmobiliaria en vez de viviendas dignas para los ciudadanos.
IU hace un llamamiento a la tranquilidad de impositores y clientes de CCM porque el dinero de los ahorradores está garantizado, señalando igualmente que es imprescindible aclarar las causas y el modo de gestión que han llevado a la entidad a esta situación, de la que también son culpables el PSOE y PP, que tienen representantes en el Consejo de Administración de CCM.
Las inversiones inmobiliarias y las relacionadas con el ladrillo de CCM, han sido de "gran riesgo" como un supuesto crédito hipotecario de treinta millones condicionado a una recalificación urbanística en la localidad toledana de Bargas.
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